El estudio ha sido promovido por la Fundación ONCE, publicado por el CERMI en su colección cermi.es y dirigido por el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero, quien participó activamente en un debate que se celebró acerca de la situación actual de la discapacidad, junto con la consellera de Familia y Servicios Sociales del Govern de les Illes Balears, Sandra Fernández. Fernández puso a disposición del movimiento asociativo de la discapacidad balear toda su colaboración para todas las necesidades que puedan surgir, al mismo tiempo que reconoció las particularidades de Baleares, a diferencia de otras comunidades.

 

Por su parte, el presidente del CERMI Illes Balears, Rafel Company, incidió en la importancia que actualmente tiene la investigación dentro del sector de la discapacidad, a fin de poder buscar nuevas alternativas de futuro a un colectivo con muchas necesidades.

 

Asimismo, el comisionado del CERMI Estatal para los CERMIS autonómicos, Luis Alonso, quien también participó en la presentación, destacó el “importante” papel que tiene el CERMI Estatal como interlocutor de la discapacidad en España, así como la labor de los CERMIS autonómicos en las 17 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

 

Alonso, además, incidió en la necesidad de que el sector de la discapacidad se encuentre presente en las agendas políticas de nuestros máximos responsables y la necesidad de que este sector se haga visible ante la sociedad, manteniendo viva la marcha ‘SOS Discapacidad’ -celebrada el pasado 2 de diciembre de 2012 en Madrid- con la organización e actividades autonómicas, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre).

 

 

Esta investigación –fruto de un proceso de reflexión y análisis por parte del sector de la discapacidad en España- está centrado en el modelo social europeo, basado, principalmente, en la recomendación sobre inclusión activa de la UE y la Estrategia Europea 2020.

El estudio habla de 3.787.000 personas con discapacidad en 2008 y de un escenario de 4.034.890 en 2020, caracterizado por tasas de una pobreza relativa que duplican la media nacional a pesar de las mejoras de empleo y protección social; tasas de ocupación que son justamente la mitad de la media nacional; niveles educativos con elevadas tasas de abandono escolar (57%) y bajo nivel de titulación superior; y razonable acceso a servicios socio-sanitarios con limitaciones que afectan la accesibilidad física y social. 

Uno de los problemas que destaca es la financiación de las organizaciones, las cuales hasta 2010 tenían un elevado nivel de solidez patrimonial y un bajo nivel de endeudamiento a largo plazo, así como una poca elevada dependencia de recursos públicos, una diversificación limitada de los recursos que la crisis ha agudizado, un modelo de colaboración entre las entidades aún muy limitado, y unas amplias mejoras en la gestión y un cierto déficit en la transparencia. 

 

Entre los retos que ha señalado a los que se enfrenta el sector, ha apuntado a los cambios en la base social  de la discapacidad (envejecimiento), a las tensiones entre la gestión de servicios, la función reivindicativa, la defensa de derechos e innovación social, y las incertidumbres sobre el devenir del Estado de Bienestar. 

 

También ha indicado que las entidades de la discapacidad orientan su acción organizativa hacia la redefinición de la identidad y misión del sector económico del conjunto del Tercer Sector de Acción Social; hacia nuevas formas de colaboración con las administraciones, y nuevas formas de financiación (cláusulas sociales y, sobre todo, el desarrollo de la economía social). 

 

En relación con el horizonte 2020, en materia de empleo ha hablado de una población en 2010 de 1.171.000 en edad de trabajar, la cual en 2020, será de 1.501.000 personas. En este sentido, según ha ejemplificado, “un escenario de una tasa de ocupación del 45% supone pasar de 325 millones de personas ocupadas en 2010, a 677 millones en 2020”. 

 

Asimismo, ha situado en 958.000 personas en situación de pobreza relativa en España de cara a 2020, lo que supone una reducción del 25%, con un coste de 800 millones de euros anuales y retornos importantes en demanda agregada e imposición indirecta; y, por otra parte, en materia de educación, Cabrero ha expuesto que hay que reducir las tasas de abandono escolar del 57% al 18,3% en 2020, que supone un coste medio de 115,8 millones de euros al año; y el aumento de la tasa de titulación superior para personas con discapacidad (del 19,3 al 42%, que supone 160,8 millones de euros al año).

 

Para alcanzar la sostenibilidad en el sector, el catedrático ha manifestado que es “necesaria” una mayor exigencia de las cláusulas sociales para competir con su valor añadido; un tratamiento no discriminatorio del IVA; nuevas formas de colaboración y un trabajo conjunto en el seno del Tercer Sector de Acción Social; las mejoras en su transparencia, una rendición de cuentas y una mayor apelación a la sociedad civil.

 

Así, ha incidido en que el sector de la discapacidad tiene que afrontar una reestructuración para superar la atomización a través de fusiones o formas de colaboración permanentes; una incidencia creciente en innovación como valor añadido; un desarrollo de la economía social; y un reforzamiento de la participación social interna y cívica en el conjunto de la población española.

 

En definitiva, según se recoge del estudio, hay que garantizar el efectivo cumplimiento de avances legislativos y de estrategias y planes hasta ahora logrados; la apertura a la diversidad emergente de la discapacidad y otras formas de exclusión; el reforzamiento de la capacidad de negociación, cooperación, y reivindicación ante las Administraciones Públicas en conexión con el conjunto del Tercer Sector; alianzas y trabajo continuo de las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social; una mayor diversificación de fuentes de financiación del sector de la discapacidad; nuevas formas de inversión social, innovación y economía social en línea con las nuevas recomendaciones de la Comunidad Europea sobre inversión social.